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Dificultades y desafíos para investigar el femicidio en Latinoamérica

1. Introducción

El femicidio es el asesinato de mujeres y niñas por motivos de género (Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [ONUDD], 2019). Es decir, es un tipo de violencia letal que vulnera a las mujeres de forma selectiva, y cuyas motivaciones son de índole misógina, sexista y/o discriminatoria. Básicamente, tiene que ver con coartar el derecho de las mujeres y niñas a la integridad física, por razones basadas en la reafirmación de los derechos de los varones por sobre los de estas. Bajo este entendido, las desigualdades de género y la rigidez de los roles socialmente adscritos a mujeres y varones son condiciones de posibilidad de la violencia de género y, por tanto, de los femicidios (Carrigan & Dawson, 2020).

Comparativamente, nuestra región presenta tasas bajas de violencia de género no letal, pero sus tasas de femicidio son elevadas (ONUDD, 2019). Dadas sus repercusiones, el femicidio es un término que se ha instalado en nuestro lenguaje cotidiano, nuestra legislación penal y nuestra sensibilidad social. La lucha contra la impunidad del movimiento feminista lo ha transformado en un tema de agenda, y en uno de los protagonistas de las reformas legales más recientes (Arduino, 2021).

Aunque su incidencia es variable, el femicidio constituye un fenómeno intercultural: sucede en todas las culturas, territorios y grupos de mujeres (Alvazzi del Frate, Nowak & ACUNS, 2013; Weil, Corradi & Naudi, 2018). En este sentido, no se trata de actos aislados de violencia, sino de una situación estructural y un fenómeno social profundamente anclado en mentalidades y costumbres (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [Cedaw], 2005). Si bien representa una pequeña proporción del total de homicidios que ocurren alrededor del mundo, el femicidio demanda respuestas específicas (ONUDD, 2019) basadas en investigación de calidad. Ello plantea grandes desafíos, dado que se trata de un fenómeno sumamente complejo de delimitar, investigar e intervenir; y cuya medición se ve afectada por serios problemas de validez (Gambetta, 2018).

Este artículo sintetiza las principales dificultades para investigar el femicidio en América Latina en lo que respecta a tres elementos: su conceptualización, su operacionalización y sus fuentes de datos; aportando ejemplos de experiencias de investigación regional. A modo de cierre, reflexiona sobre los desafíos que estas dificultades traen aparejadas para la práctica científica. Este trabajo pretende ser un material de orientación para las personas interesadas en la investigación sobre femicidios en América Latina, dándoles herramientas para reflexionar sobre las limitaciones y alcances de la construcción actual de conocimiento sobre la temática.

2. Definiciones y clasificaciones de femicidios

La definición del femicidio ha evolucionado a lo largo del tiempo, para dar lugar a un panorama actual de disensos conceptuales entre quienes lo investigan (Carrigan & Dawson, 2020). Originalmente, el término femicide fue introducido¹ en el campo criminológico en 1976 por Diana Russell,² con la intención política de develar que palabras neutras como homicidio o asesinato ocultan el carácter sexista de la violencia letal que sufren las mujeres (Vázquez, 2009). Sin embargo, el primer concepto formal fue elaborado por Caputti y Russell (1990), quienes lo definieron como “el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres” (citado en Russell, 2006, p. 77). Luego, Radford y Russell (1992) simplemente lo definirán como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres” (citado en Russell, 2006, p. 77). Una década después, Russell amplió el concepto hacia todas las formas de asesinato sexista para, además de los misóginos, incluir también aquellos perpetrados por varones³ motivados por “la creencia de que tienen derecho a ello, que poseen superioridad sobre las mujeres, que ellas son su propiedad, o por el placer o los deseos sádicos hacia ellas” (Russell, 2006, p. 76).

La voz anglosajona femicide ha sufrido dos grandes adaptaciones a la lengua española para hablar de violencia letal.⁴ Su variante restringida lo ha adaptado bajo el nombre femicidio, para aludir a toda muerte violenta de mujeres por su condición de género. Este concepto se refiere a aquellos tipos de asesinatos en los que el hecho de que la víctima sea mujer resulta clave para comprender las motivaciones de quien lo perpetra (Vázquez, 2009). Esta es la conceptualización que retoma la ONU (ONUDD, 2019), y que ha sido plasmada en la amplia mayoría de las tipificaciones penales del femicidio en América Latina.

Su variante más amplia lo ha adaptado bajo el nombre feminicidio, para referirse a situaciones en las que existe un ejercicio sistemático y normalizado de la violencia de género hacia las mujeres en determinado país o territorio, del cual el Estado es directamente responsable debido a los altos niveles de impunidad (Monárrez Fragoso, 2000). La primera en realizar esta adaptación fue Marcela Lagarde, quien definió el feminicido como el genocidio de mujeres motivado por la misoginia. Lo posiciona como un crimen de Estado porque sus instituciones no son capaces de crear condiciones de seguridad básicas que garanticen la integridad física de niñas, adolescentes y mujeres; y por la negligencia con la que actúan la policía y el sistema penal ante los actos violentos que las vulneran (Lagarde, 2008).

El feminicidio tiene mayores connotaciones políticas, pidiendo atención sobre el fallo del Estado para evitar y castigar los femicidios, y atender sus obligaciones internacionales (Sarmiento, Acosta, Roth y Zambrano, 2014). La adaptación original de Lagarde se concentró en la denuncia de los crímenes de lesa humanidad contra mujeres ocurridos en la ciudad mexicana de Juárez durante los años noventa; pero hoy en día es utilizado para describir un abanico más amplio de prácticas misóginas y discriminatorias, como la mutilación genital o el aborto no seguro (Pineda, 2018; Vázquez, 2009).

Como señalan Dawson y Carrigan (2020), el concepto de feminicidio es útil para destacar las causas del femicidio y los contextos en los que ocurre. Sin embargo, su amplitud y nivel de abstracción hacen que sea difícil de aplicar en la práctica. A pesar de las diferencias conceptuales que separan al femicidio del feminicidio, los marcos normativos, las nuevas figuras legales dentro de la órbita penal y la producción académica de la región, suelen utilizarlos indistintamente para referirse a los homicidios a mujeres por razones de género (Gambetta, 2018).

Adicionalmente, existe un debate en torno a la inclusión de la intencionalidad en la definición del femicidio. Aunque el elemento intencional está presente tanto en las perspectivas legales como en las criminológicas (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2012), autoras como Russell (2006) señalan que esto es problemático porque deja por fuera la violencia de género que produce consecuencias letales no intencionadas (Carrigan & Dawson, 2020). Por ejemplo, cuando una mujer fallece como resultado de complicaciones de salud vinculadas a episodios prolongados de maltrato físico y/o psicológico. Entonces, Russell acuña el término de femicidio encubierto para referirse al asesinato no intencional de mujeres en el marco de episodios la violencia de género (Russell, 2006).

En América Latina, la problematización de las muertes de mujeres en estas circunstancias recientemente ha dado lugar al concepto de suicidio femicida, el cual denota los suicidios de mujeres motivados por sus experiencias prolongadas de victimización por violencia de género, especialmente en el marco de la (ex)pareja. Esta denominación se ampara en evidencia que muestra a la ideación suicida como parte de las consecuencias negativas de la violencia de género sufrida de forma crónica (Programa Regional de la Iniciativa Spotlight para América Latina [PRISAL], 2021). Al día de la fecha, El Salvador es el único país del continente que ha tipificado al suicidio femicida como delito, mientras que en Chile está siendo posicionado en la agenda pública por el movimiento de mujeres (Pagola, 2021).

Finalmente, es importante recalcar que a pesar de que los varones representan la amplia mayoría de los perpetradores de femicidios, las mujeres también pueden ser responsables de estos actos. El ejemplo más común son los femicidios por motivos de honor. Estos ocurren cuando los familiares de una mujer consideran que debe ser castigada con la muerte, ya que sus conductas sexualmente indebidas han traído vergüenza y deshonor al clan. Un femicidio por honor puede ser desencadenado porque una mujer tuvo sexo premarital, fue adúltera, e incluso luego de haber sufrido una violación (ONUDD, 2019).

2.1. Clasificaciones más usadas

La evidencia empírica indica que, a pesar de su interculturalidad, el femicidio ocurre en circunstancias que varían de país a país (Fregoso & Bejarano, 2010). Esto significa que, por ejemplo, mientras en Uruguay el femicidio sucede principalmente en el marco de la (ex)pareja, en países como El Salvador esta clase de incidentes representan menos de la cuarta parte (Alvazzi del Frate, 2011; Gularte, Coraza, Eiris & Moreira, 2019). Ello sugiere que existen condiciones específicas de cada país que perpetúan ciertos tipos de violencia femicida por sobre otros (Carrigan & Dawson, 2020).

Debido a la utilidad que el vínculo entre víctimas y autores reviste para el análisis de los homicidios, las tipologías de femicidios más extendidas adoptan también este principio. En este marco, el tipo de femicidio mayormente abordado por la investigación criminológica ha sido el cometido por parejas íntimas de las mujeres, el cual es denominado (principalmente en la literatura anglosajona) como femicidio íntimo (Russell, 2006). Este término fue originalmente acuñado por Stout, quien lo definió como el “asesinato de mujeres por sus parejas íntimas masculinas” (Stout, 1991, p. 476). Dawson y Gartner (1998) adaptaron posteriormente el término para incluir a parejas anteriores y relaciones distintas al matrimonio (como el noviazgo, las uniones libres y los vínculos sostenidos de intercambio sexual).

La tipología de femicidios más extendida en la investigación latinoamericana distingue entre femicidios íntimos, no íntimos, y por conexión (Carcedo y Sagot, 2000; Castro, 2019; Cisneros, Chejter y Kohan, 2005). La categoría íntimo se refiere a los perpetrados por (ex)parejas, familiares de la víctima o personas con las que tenía una relación de convivencia. Por tanto, esta acepción comprende a los homicidios a mujeres en el marco de la violencia doméstica, también entendidos en un sentido abarcativo⁵ (Gambetta, 2018). Los femicidios no íntimos son perpetrados por personas cuyo vínculo con la víctima no entra en ninguna de las situaciones antes mencionadas, e involucran frecuentemente actos de violencia sexual en el contexto del incidente. En tanto, los femicidios por conexión ocurren cuando un hombre mata a una mujer que se interpone en la línea de fuego de otro femicidio (Carcedo & Sagot, 2000). Dada la polisemia de la categoría femicidio íntimo, Russell (2006) propone una clasificación alternativa que distingue cuatro tipos de femicidios: de pareja íntima, de familiares, de otros perpetradores conocidos, y de extraños.

Sin duda alguna estas categorías han sido de gran utilidad para visibilizar lo que representa una constante histórica: el hecho de que una parte significativa de estas muertes, en ocasiones la mayoría, son ejecutadas por hombres que las mujeres conocen, y que forman parte o tienen fácil acceso a su esfera doméstica. En este sentido, son clasificaciones que responden a la necesidad de desnaturalizar tipos de violencia silenciados por la cultura y el Derecho, fundamentalmente en espacios como la familia y la pareja (De Miguel, 2003).

No obstante, ya en 2010 Carcedo comenzaba a identificar que la violencia femicida mostraba una pauta diferente en los países de Centroamérica: ocurría cada vez más por fuera del ámbito de la intimidad, o en espacios donde la violencia íntima se mezcla con la violencia criminal (Carcedo, 2010). Actualmente, el triángulo Norte de Centroamérica conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, es señalado como un espacio donde la violencia letal hacia las mujeres muestra altos niveles de brutalidad y ensañamiento. Allí, los femicidios son perpetrados principalmente por hombres vinculados con el crimen organizado o las pandillas, cuyo control del territorio les otorga altos niveles de impunidad; estos crímenes tienen la finalidad de infundir terror, ejecutar venganzas o enviar mensajes a sus enemigos.⁶ Todo ello ocurre en un contexto donde de la violencia sexual, la violencia doméstica y la desaparición de personas son realidades cotidianas, y el Estado muestra una débil capacidad para incorporar a la violencia de género en su agenda de seguridad (Infosegura, 2020).

Para dar cuenta de estas particularidades, Carcedo y Ordóñez Laclé (2011) elaboraron una tipología de femicidios en función del escenario en el que ocurren, a los cuales definen como configuraciones específicas de elementos sociales, económicos, políticos y culturales en los que se genera un desequilibrio particular de poder entre los sexos, dando origen a distintos tipos de violencia femicida (Carcedo y Ordóñez Laclé, 2011). Su propuesta consta de doce categorías, e integra a las categorías “tradicionales” con otras que contemplan estos nuevos contextos.⁷ Esta tipología fue el principal insumo para la guía para la investigación forense de los femicidios elaborada por la ONU (Sarmiento et al., 2014), que contiene una propuesta de clasificación con trece categorías, y que por primera vez resignifica a los crímenes de odio hacia las mujeres trans como femicidios transfóbicos.

3. Dificultades para operacionalizar el femicidio teórico

La riqueza de los conceptos teóricos creados por las feministas permite enfatizar distintos componentes a la hora de nombrar la violencia de género hacia las mujeres. Pero, como contrapartida, su heterogeneidad da lugar a ambigüedades y dificultades prácticas para identificar, registrar y visibilizar las muertes concretas de mujeres por razones de género (Suárez Val, 2020). De esta manera, investigar sobre femicidios plantea al menos dos conflictos vinculados con su operacionalización. Por una parte está el reto de traducir las motivaciones sexistas subyacentes en elementos observables. Por otra parte, aparecen tensiones entre la producción de conocimiento y el espíritu político del concepto de femicidio, que demandan una toma de posición por parte de quien investiga.

3.1. Medir las motivaciones sexistas

Al definir a los femicidios como asesinatos por motivos de género, sus elementos inherentes pasan a estar ubicados en las motivaciones de sus autores (misoginia, sexismo, etc.), más no en la materialidad de los hechos (Mujica y Tuesta, 2012). En principio, la evidencia probatoria tendría que buscarse en las subjetividades de quienes los cometen, sus representaciones sobre los roles y mandatos de género, qué los transgrede o subvierte, y qué es socialmente legítimo hacer en estos casos.

Aunque en teoría es posible acceder a estos elementos mediante entrevistas a los victimarios, los interrogatorios y pericias conducidas por el sistema de justicia criminal no suelen profundizar en ellos, y omiten frecuentemente información sobre el contexto en el que los femicidios ocurren (Dawson & Carrigan, 2020). En tanto, las investigaciones cualitativas que indagan en las subjetividades de los femicidas se concentran en un número limitado de casos (Dobash & Dobash, 2015) que se encuentra comprometido, entre otras cosas, por su participación voluntaria.

También es necesario considerar que debido al alto porcentaje de femicidas que comete suicidio, especialmente las (ex)parejas, los indicios que se recaban a partir del testimonio de quienes permanecen con vida son insuficientes para estimar la incidencia del fenómeno. A título de ejemplo: en Uruguay, la tercera parte de los autores de femicidios se quitan la vida inmediatamente luego de dar muerte a la víctima (Gularte et al., 2019). Para estos casos, la información contextual es sumamente escasa debido a que la Justicia no conduce investigaciones porque ya no existe sujeto sobre el cual aplicar una pena (Gambetta, 2018).

Lo que es más, la noción de asesinato por motivos de género requiere un entendimiento de qué actos concretos están vinculados con el género, algo que está sujeto a cierto grado de interpretación. Por ejemplo, en muchos casos existe un historial de violencia en el marco de la pareja que culmina con el asesinato de la mujer, aun cuando los perpetradores no declaren ni tengan motivos específicamente misóginos para cometerlo (ONUDD, 2019). Y esta complejidad se incrementa si, además de este arquetipo, consideramos al de los suicidios femicidas.

Las dificultades descritas ponen de manifiesto la necesidad de construir indicadores de femicidio que transciendan el discurso de los victimarios; y que al mismo tiempo sean capaces de recoger indicios objetivos de sus aspectos motivacionales a partir de las características de los incidentes y las circunstancias en las que tuvieron lugar. Este es el espíritu por detrás del protocolo de investigación forense diseñado por la ONU para Latinoamérica (Sarmiento et al., 2014), que recientemente fue adaptado por Dawson y Carrigan (2020) para la investigación criminológica de los femicidios a nivel global. En la región, la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA) elaboró una propuesta sintética en el marco de una iniciativa para la unificación de datos de femicidio, que incluye cuatro indicadores: relación sentimental previa, violencia sexual, ensañamiento en la violencia, y denuncias previas (ILDA, 2020).

En Uruguay, un grupo de investigación del Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de las Mujeres (Gularte et al., 2019) retomó los indicadores del protocolo de la ONU, y elaboró una propuesta para la clasificación de los femicidios que pueda posteriormente ser utilizada por el Observatorio de Violencia de Género hacia las Mujeres. Su trabajo enumera ocho indicadores que permiten identificar motivaciones sexistas, entre los cuales se encuentran la existencia de violencia previa hacia la víctima, la sexualización de la escena del crimen, y la mutilación y/o alteración morfológica del cuerpo de la mujer con la finalidad de borrar su identidad.

3.2. El dilema de la despolitización

El femicidio fue un concepto creado con fines políticos: denunciar la violencia selectiva hacia las mujeres para así poder desnaturalizarla y combatirla. Al mismo tiempo, los actos femicidas pueden ser también considerados como hechos políticos porque son un medio simbólico para la reafirmación de la jerarquía sexual. Es por ello que autoras como Segato (2012) proponen al cuerpo de las mujeres como un territorio en disputa: una materialidad que les pertenece a sí mismas, pero que al mismo tiempo puede ser reclamada por los varones como un espacio de reafirmación de sus derechos por sobre los de ellas.

Los femicidios en el marco de la (ex)pareja son quizás el caso más ilustrativo, dado que suelen estar motivados por la necesidad de limitar la autonomía de las mujeres para elegir a otros compañeros sexo-afectivos, abandonar la relación con el victimario, o inclusive para actuar con independencia de los deseos, demandas y expectativas que su pareja tiene sobre su comportamiento (Dobash & Dobash, 2015; Elisha, Idisis, Timor & Addad, 2010; Gambetta, 2018; Pereira, Vieira & Magalhães, 2013). En definitiva, por un sentimiento de propiedad.

Entonces, el concepto de femicidio tiene por objetivo separar analíticamente la violencia basada en género del resto de la violencia que sufren las mujeres; para evidenciar el protagonismo que esta tiene en las formas y la frecuencia con que son victimizadas y, por tanto, en sus posibilidades de vivir una vida libre de violencia. En este sentido, no todo homicidio a una mujer constituye un femicidio. Como señalan Carcedo y Ordóñez (2011): existen otras expresiones violentas que producen muertes de mujeres con las mismas dinámicas que las de varones, en las que no intervienen condiciones de subordinación de género. Así, los asaltos motivados por el robo, o incluso disputas entre grupos criminales, causan muertes en las que, ocasionalmente, el hecho de que la víctima sea hombre o mujer resulta irrelevante.

En virtud de los desafíos mencionados para la reconstrucción de las motivaciones sexistas, la medición del femicidio se ha concentrado en elementos de relativo fácil acceso como el vínculo de pareja entre la víctima y el autor, y los homicidios a mujeres en general (Maturana Kesten, Maira Vargas y Rojas Bravo, 2004; Dawson & Carrigan, 2020). La predominancia de estos dos enfoques ha abierto un debate en torno a cuál es la operacionalización más adecuada: si el femicidio debe englobar a todos los asesinatos de mujeres, o restringirse solo a algunos (Mujica y Tuesta, 2012).

La primera postura se vincula con el creciente interés por generar información cuantitativa sobre la violencia de género hacia las mujeres, que facilite la comparabilidad entre países. Sin embargo, es criticada por haber contribuido al progresivo desdibujamiento del concepto de femicidio, alejándose del cometido político de llamar la atención sobre las formas en que las mujeres son selectivamente asesinadas (Alvazzi del Frate, 2011). Para que esto no suceda, Russell (2006) recomienda que a la hora de interpretar las tasas de homicidio a mujeres, quienes investigan utilicen el término asesinato de mujeres en lugar de alterar la definición de femicidio. Así, el énfasis continúa depositado en las muertes de mujeres, pero sin clasificar a cada una de ellas como homicidio o femicidio.

La segunda postura ha tomado a los homicidios a mujeres en el marco de la (ex)pareja como el indicador por antonomasia para paliar la ausencia de otros sobre homicidios motivados por el odio (Mujica y Tuesta, 2012). La investigación sobre este tipo de femicidios continúa siendo priorizada porque los cometidos por personas desconocidas típicamente ocurren en tasas más bajas que los cometidos por miembros del entorno afectivo de las mujeres (Dawson & Carrigan, 2020). Asimismo, los organismos internacionales enfatizan la necesidad de focalizar acciones en el combate de los femicidios de (ex)parejas; porque son un síntoma de qué tan desiguales son las relaciones entre varones y mujeres en determinada sociedad (ONUDD, 2014), o porque concentrar acciones en ellos es una manera eficaz de combatir la violencia femicida en general (OMS, 2012). Sin embargo, este énfasis es problemático en lugares donde predominan los femicidios fuera de espacios de intimidad, como es el caso de Centroamérica (PRISAL, 2021).

Dawson y Carrigan (2020) señalan que las mismas razones que convierten a estas dos posturas en las más comunes son a su vez su principal motivo de crítica. En pocas palabras, enfatizan que considerar únicamente el sexo/género y/o la relación entre víctima y victimario como los principales elementos para identificar femicidios es problemático para un fenómeno que es difícil, si no imposible, de reducir a uno o dos determinantes. Para trascender este problema, subrayan la necesidad de posicionar a los y las operadores de justicia como protagonistas activos en la mejora de la calidad de los datos, identificando motivaciones sexistas en la investigación criminalística de los homicidios y, con ello, allanando el camino para la academia.

4. La calidad de las estadísticas sobre femicidios

Latinoamérica ocupa una posición paradójica con respecto a la construcción de datos sobre femicidios. Por un lado, sus estadísticas sobre violencia y criminalidad experimentan carencias de regularidad, actualización, control y crítica de los datos (Dammer, Salazar, Montt y González, 2010), están afectadas por los bajos niveles de desarrollo económico y por la existencia de un contexto de violencia generalizada (Ribeiro, Borges y Cano, 2015). Como consecuencia, los datos sobre violencia de género hacia las mujeres son más escasos en comparación con los países económicamente desarrollados (Gherardi, 2012). Por otro lado, nuestro continente es el único en el que el femicidio ha sido reconocido como un delito por la mayoría de sus países, posicionándonos como pioneros en la construcción de información sobre el fenómeno y líderes en el debate global sobre su medición (PRISAL, 2022).

Al igual que el resto de las manifestaciones de la violencia de género hacia mujeres, el femicidio necesita ser medido de forma adecuada y confiable, para poder diseñar e implementar políticas públicas basadas en evidencia que habiliten el combate del fenómeno⁸ (PRISAL, 2022). A pesar de los grandes avances en esta dirección, los datos disponibles poseen una serie de limitaciones asociadas a su forma de construcción y registro que, junto a las dificultades conceptuales y metodológicas mencionadas, deben ser consideradas por cualquier investigación en la materia.

4.1. Debilidades de los registros administrativos

Las estadísticas sobre femicidios, ya sean tasas agregadas o microdatos, son construidas a partir registros administrativos de los sistemas de salud, la policía y los sistemas de justicia. En algunos países, la información es a su vez validada con la ayuda de registros de organizaciones de la sociedad civil, dado que históricamente han sido los primeros actores en contabilizar las muertes de mujeres y niñas por motivos de género. De hecho, algunas investigaciones académicas (Gambetta, 2018; Otamendi, 2020) siguen recurriendo a estas fuentes para la reconstrucción de series temporales.

La producción de datos estadísticos sobre femicidios se ve directamente afectada por los recursos disponibles para el registro de los homicidios. Los recursos económicos tienen un impacto directo sobre las condiciones materiales para el registro de los homicidios y, por consiguiente, sobre su calidad. Uno de los ejemplos más ilustrativos es la carencia de sistemas informatizados, que compromete seriamente las posibilidades para gestionar información (PRISAL, 2022). Entre otras cosas, estas carencias traen aparejadas un mayor grado de discrepancias entre la información aportada por los registros criminales y los certificados de defunción (Malby, 2010). E inclusive, esta dinámica puede observarse al interior de un mismo país, donde la distribución desigual de recursos entre regiones genera inequidades en el registro y la gestión de datos (Ribeiro, Borges y Cano, 2015).

Asimismo, los contextos de guerra, violencia aguda y grandes volúmenes de muertes afectan el subregistro de las muertes violentas. En este marco, los servicios de salud pueden no ser capaces de registrar las causas básicas de mortalidad (Gilgen & Tracey, 2011), o sus responsables pueden utilizar categorías más inespecíficas para evitar exponerse personalmente (Borges, Miranda, Duarte, Novaes, Ettel, Guimarães & Ferrerira, 2012). Asimismo, la existencia de los cementerios clandestinos y prácticas de ocultamiento de cadáveres, o la reticencia a denunciar desapariciones de personas por miedo a represalias de grupos armados, llevan a que numerosas defunciones no sean captadas por el Estado y queden por fuera del conteo estadístico (Gilgen & Tracey, 2011; Ribeiro, Borges y Cano, 2015). Por ejemplo, el contexto de inestabilidad política e institucional que atravesó Honduras en el marco del golpe de Estado de 2009 provocó la interrupción del conteo de los femicidios entre 2008 y 2010 (PRISAL, 2022).

Sumado a ello, la cultura organizacional de negligencia en relación al registro criminal y la rendición de cuentas (Ribeiro, Borges y Cano, 2015; Durante y Borges, 2010) también operan en detrimento de la calidad de la información sobre homicidios en el continente. Los registros criminales en particular son muchas veces concebidos como una carga burocrática con poca utilidad objetiva para el trabajo policial (Muniz, 2000; Azevedo, Riccio & Ruediger, 2011). Como resultado, muchas veces no se registra información básica para poder identificar femicidios, como la existencia de denuncias previas por violencia de género de la víctima hacia el autor. Según un informe recientemente publicado por el PNUD, tan solo la mitad de los países de la región reportan información al respecto (PRISAL, 2022).

La calidad de la información proveniente de los registros administrativos ha sido un problema sistemáticamente destacado por la investigación académica latinoamericana sobre femicidios, por motivos como el subregistro de los homicidios en determinadas regiones (Meneghel & Hirakata, 2011), la omisión de información sobre el sexo de la víctima (Cisneros, Chejter & Kohan, 2005), su relación con el victimario (Ungo, 2008), el lugar (Carcedo, 2010) o las circunstancias de las muertes (Gherardi, 2012). Y a pesar de los grandes avances en este sentido, todavía persisten problemas de subregistro que son detectados al triangular fuentes de información, aún en países con un alto grado de estabilidad política e institucional.

Las investigaciones de Castro (2019) y Kohan (2021) son particularmente ilustrativas de cómo las inespecificidades a la hora de clasificar las causas básicas de mortalidad repercuten en el diagnóstico de los femicidios. Para Uruguay, Castro (2019) reconstruyó el total de femicidios perpetrados por familiares y (ex)parejas entre 2002 y 2015. Al comparar las estadísticas vitales con los registros policiales de homicidios, encontró que el 20 % de los casos estaban incorrectamente clasificados en los certificados de defunción. Para Argentina, Kohan (2021) reconstruyó el total de femicidios ocurridos entre 2002 y 2018, y debido a discordancias en los criterios de clasificación de sus fuentes no pudo homologar información básica sobre la edad de las víctimas. Otamendi (2020) enfrentó dificultades similares para el estudio de los femicidios-suicidios, ya que las bases de datos públicas sobre femicidios no incluían información sobre el suicidio de los autores, y las estadísticas vitales abusaban de categorías residuales para la clasificación de las causas de muerte.

En vista de los vacíos de información descritos, en la última década se han celebrado una serie de acuerdos regionales en pos de la construcción de institucionalidad y marcos metodológicos básicos para la producción de estadísticas de calidad sobre femicidios. El primero fue el Protocolo de Bogotá (Cámara de Comercio de Bogotá, Fiscalía General de la Nación & Laboratório de Análise de Violência, 2015), que detalla los elementos básicos que deben registrarse para que los datos de homicidios alcancen estándares mínimos de calidad y comparabilidad. Recientemente, la CEPAL ha elaborado una propuesta de Registro Único de Femicidios compuesto por un conjunto de variables que, además de asegurar información básica para la adecuada clasificación de los homicidios en femicidios, permite reconstruir perfiles de víctimas y autores, y el contexto de los incidentes (CEPAL, 2019). Se espera que esta propuesta contribuya con la construcción de evidencia más robusta que informe el diseño de políticas de prevención y atención a las víctimas. Aunque los resultados son auspiciosos, Brasil y Costa Rica no han reportado datos sobre el sexo de quienes perpetran homicidios (PRISAL, 2022).

4.2. Dificultades para la construcción y el análisis de datos sobre homicidios y femicidios

Salvando las limitaciones de la información que es recogida por los registros administrativos, Latinoamérica experimenta imposibilidades para combinar información proveniente de distintas fuentes para la construcción de datos agregados a nivel nacional y regional. En el plano nacional, existen dificultades de articulación entre los distintos actores a cargo del registro de información estratégica para el conteo de los femicidios y los órganos responsables de la construcción de las estadísticas nacionales. Ello imposibilita la creación de un encuadre básico sobre qué datos es necesario construir y bajo qué procedimientos (PRISAL, 2022).

En América Latina, es frecuente que los actores que registran información a nivel nacional utilicen diferentes definiciones, criterios y métodos para su recolección, lo que genera resultados discordantes. Esto compromete seriamente las posibilidades de triangulación y validación de los datos sobre femicidios, como así también la construcción de procedimientos metodológicamente adecuados para la corrección de la información generada (PRISAL, 2022). De hecho, cuando las discordancias ocurren entre organismos nacionales con distinta jurisdicción, no es posible realizar comparaciones entre regiones (Alvazzi del Frate, 2011; Gherardi, 2012). Estas dificultades han sido ampliamente destacadas por la investigación regional sobre femicidios (Cantillo, 2013; Hernández Breña, 2015; Ungo, 2008), dado que comprometen el alcance de cualquier diagnóstico sobre el fenómeno.

Por otra parte, existen también obstáculos para que estos actores puedan compartir información de forma fluida. A la fecha, no todos los países cuentan con marcos normativos fuertes que garanticen el intercambio de información, y algunos carecen de entes que rijan formalmente la sistematización de los datos. Y ello se combina con asuntos éticos de confidencialidad y restricciones presupuestarias de nivel gubernamental. El resultado es un escenario con información fragmentada, donde coexisten cifras nacionales discrepantes sobre femicidios. Un ejemplo ilustrativo es el de Perú, donde el observatorio especializado en violencia de género cuenta con un total de siete agencias estatales que recogen información sobre la temática, y cuyos datos publicados en la web no coinciden entre sí (PRISAL, 2022).

Naturalmente, este panorama también conspira contra la comparabilidad entre los países de la región. Aunque los organismos internacionales y regionales frecuentemente recalcan este asunto, no representa necesariamente una prioridad para las instituciones que producen datos sobre femicidios, debido a que sus cometidos suelen ser de índole administrativa y no estadística (PRISAL, 2022). E incluso, la comparabilidad es en ocasiones puesta en un segundo plano, en pos de un diagnóstico que refleje la diversidad del fenómeno a escala nacional (Gherardi, 2012). En este marco, la propuesta de Registro Único de Femicidios de la CEPAL (2019) apunta no solo a la mejora en la calidad del registro de la información, sino también a sentar bases comunes para la construcción de indicadores regionales.

Pero más allá de las interacciones entre organismos oficiales, en Latinoamérica existen grandes obstáculos para que actores externos al Estado, como la academia y las organizaciones de la sociedad civil, tengan acceso y puedan apropiarse de datos sobre femicidios para ampliar el conocimiento existente. Los datos divulgados por el Estado y sus agencias suelen ser de tipo agregado, como tasas de femicidio, pero existe poca disponibilidad de microdatos (y sus respectivos metadatos). A su vez, no todos los países divulgan datos útiles para caracterizar a las víctimas, autores y el contexto en el que ocurrieron los hechos, ni los publican con la misma periodicidad (Dawson & Carrigan, 2020; PRISAL, 2022). Cabe también destacar que la sociedad civil cuenta con una mínima participación en la producción de estadísticas sobre femicidios, donde poder aportar su know how para complementar la información ya registrada, validarla y enriquecer su análisis (PRISAL, 2022).

4.3. Las estadísticas sobre el femicidio legal

En la primera década del siglo XXI, los Estados de Latinoamérica y el Caribe comenzaron a reconocer la responsabilidad ética del Poder Judicial con respecto a la violencia hacia las mujeres, mediante la creación de figuras penales para su sanción (Garita Vílchez, 2012). Como resultado, al día de hoy todos los países de América Latina, con excepción de Cuba, Haití y República Dominicana, han tipificado el femi(ni)cidio en sus legislaciones (Deus y Gonzalez, 2018; PRISAL 2022), y han comenzado a construir y reportar estadísticas que informan la cantidad de sanciones penales que se aplican anualmente en casos tipificados como femicidios.

Sin embargo, el femicidio legal es un indicador que no necesariamente refleja el impacto de los homicidios a mujeres por razones de género en determinado país o territorio y, por ende, es inadecuado para investigarlo (ONUDD, 2019). Primero, porque el femicidio legal y el femicidio teórico connotan fenómenos diferentes. El femicidio legal es un reflejo de cómo actúa el sistema de Justicia con respecto a la sanción de la violencia letal hacia las mujeres, mas no un indicador de la incidencia del femicidio como fenómeno criminológico. Es decir, el análisis del femicidio legal revela qué tanto el sistema de justicia está usando esta categoría para sancionar y qué tipos de casos están siendo jurídicamente interpretados como femicidios.

Figura 1

Segundo, porque las definiciones de femicidio utilizadas por los Estados son más restrictivas que las usadas por la investigación académica (ver Figura 1), donde existen debates conceptuales aún no zanjados. Entre otras cosas, estas discrepancias demuestran distintas representaciones del problema (Carrigan & Dawson, 2020). Por ejemplo, México y Guatemala son los únicos países que utilizan el término feminicidio para referirse a la impunidad o para asumir su responsabilidad debido a fallas previas para castigar a quienes perpetraron los hechos. En tanto, la legislación de Brasil tipifica el feminicidio pero no reconoce la impunidad, ni menciona ninguna condición sistémica que fomente la violencia selectiva hacia las mujeres (Carrigan & Dawson, 2020; Fregoso & Bejarano, 2010). A su vez, las estadísticas oficiales sobre femicidios tampoco son directamente comparables con las de femicidio legal, dado que usan definiciones más abarcativas que toman como referencia a la Convención Belém do Pará (PRISAL, 2022).

Tercero, porque el contenido conceptual del femicidio legal varía de país a país. En lugares como Costa Rica y Nicaragua es definido como un problema estrictamente sexo-afectivo, con lo que se asume que solo las parejas previas o actuales de las mujeres pueden llegar a asesinarlas por motivos de género. Como contrapartida, estas legislaciones desconocen la violencia femicida que ocurre en espacios públicos, y en otros múltiples contextos donde se expresan las desigualdades de poder entre varones y mujeres (Carrigan & Dawson, 2020). El contenido conceptual del femicidio puede variar incluso dentro de un mismo país, a raíz de cambios legislativos que no necesariamente introducen una visión más amplia del fenómeno. Este es el ejemplo de Nicaragua, donde en 2014 se introdujeron reformas legales que restringen el tipo penal únicamente al ámbito de la (ex)pareja (PRISAL, 2022).

Cuarto, porque quienes administran la Justicia tienen distinto grado de comprensión sobre lo que el femicidio legal connota y su traslado a la práctica investigativa (PRISAL, 2022). La redacción de la norma introduce distintos grados de ambigüedad con respecto a cómo recoger evidencia probatoria de motivaciones sexistas. La legislación de cada país enumera las circunstancias bajo las cuales un homicidio puede ser clasificado como femicidio, y a partir de ellas se construyen indicadores para la investigación penal. Cuanto más escueta es la norma en su redacción y en la presentación de ejemplos, mayor es la demanda de interpretación a la hora de aplicarla y, por consiguiente, mayor es también la varianza en la clasificación de los homicidios como femicidios (Dawson & Carrigan, 2020).

En Perú, Tuesta y Mujica (2015) identificaron los principales problemas para la traducción del femicidio teórico en parámetros para la investigación penal. Constataron que el alto grado de complejidad de la figura penal del femicidio requiere investigaciones más profundas para constatarlo, lo cual entra en conflicto con las restricciones de la normativa procesual y los recursos disponibles para trabajar cada caso. Por ejemplo, los tiempos de las pericias forenses para identificar conductas misóginas en los imputados pueden superar a los legalmente estipulados para concluir la investigación. Adicionalmente, la ausencia de indicadores criminalísticos objetivos para las motivaciones de género origina dos efectos no deseados: hace que las investigaciones recaigan desproporcionadamente sobre la prueba testimonial de los imputados, en la cual no es posible confiar completamente; y genera un aumento de la carga interpretativa de la norma que se traduce a su vez en una mayor discrecionalidad de las decisiones judiciales.

La investigación de Tuesta y Mujica (2015) retrata una problemática compleja, en la que las ambigüedades interpretativas resultantes del contenido de la norma se entrecruzan con la escasez de recursos para conducir investigaciones probatorias de calidad. Pero Dawson y Carrigan (2020) advierten sobre otro elemento de fondo a considerar: la voluntad política dentro del sistema de justicia criminal para posicionar a los delitos por motivaciones de género como casos cuya investigación requiere la misma atención que el resto. Las autoras constataron que la mayoría de los indicadores para identificar motivaciones de género en los homicidios de mujeres ocurridos en Canadá no podían ser construidos a partir de información de los registros criminales. Aunque la evidencia internacional señala que la separación reciente es un factor de riesgo de femicidio, esta información había sido omitida en el 66 % de los casos. También observaron que se recaba mayor volumen de información sobre los hechos de sangre en sí en comparación con características de las víctimas, los perpetradores y el contexto de los hechos. Esto las lleva a concluir que el foco de las investigaciones criminales continúa depositado en los eventos stricto sensu, y se cierra la mirada hacia elementos contextuales y circunstanciales fundamentales para identificar femicidios (Dawson & Carrigan, 2020).

Pero la voluntad política no solo tiene efectos sobre cómo el sistema de justicia investiga las muertes de mujeres, también se refiere a cuántas de ellas reciben efectivamente atención por parte de las autoridades. En América Latina, la lucha contra la violencia hacia las mujeres es intrínsecamente una lucha contra la impunidad, es decir, contra la histórica y continuada negligencia de los Estados para responder ante el fenómeno (Arduino, 2021). A pesar de que los gobiernos regionales han estado a la cabeza del desarrollo de legislación específica sobre femi(ni)cidio, estas normas no siempre han sido traducidas a la práctica (Carrigan & Dawson, 2020). De esta manera, los altos niveles de impunidad comprometen aún más la fidelidad de cualquier análisis que pretenda aproximarse a la incidencia de los homicidios a mujeres por motivos de género a partir del femicidio legal.

5. Consideraciones finales

La violencia letal contra las mujeres es un problema global que despierta gran preocupación por sus impactos en el bienestar de las personas, y que demanda la implementación de acciones eficaces para su prevención y combate. Dadas las resonancias del femicidio en la región, Latinoamérica ocupa una posición de liderazgo en la construcción de conocimiento sobre un fenómeno sumamente complejo de delimitar, investigar e intervenir. En vista de ello, quienes investigamos el femicidio tenemos el reto de formular preguntas novedosas con un suficiente conocimiento de fondo sobre los alcances de las respuestas que podemos obtener.

A la hora de investigar sobre femicidios, la pluralidad conceptual, las dificultades para traducir la teoría a la práctica, y el tipo de información secundaria con la que nos vamos a encontrar nos enfrentan a una serie de conflictos y desafíos. Primero, debemos asumir que nos ubicamos en un campo de disensos sobre cómo representar el fenómeno, la naturaleza de la violencia que comprende, y el grado de heterogeneidad que admite. Ello demanda que tomemos decisiones conceptuales en función de los aspectos sobre los que queremos llamar la atención, para transformar nociones y romper sentidos comunes.

Segundo, debemos conocer los problemas de validez que actualmente existen para captar analíticamente las motivaciones sexistas por detrás de los homicidios, la alta complejidad metodológica que ello demanda, los atajos más comunes que podemos tomar para observarlas empíricamente, y las connotaciones políticas que estas decisiones acarrean. Que nuestro compromiso profesional con la producción de conocimiento sobre femicidios no nos haga perder de vista por qué es necesario diferenciarlos del resto de las muertes de mujeres, y podamos volcar esta reflexión a la interpretación de cualquier proxy que utilicemos.

Por último, están los conflictos entre la información que necesitamos y la que efectivamente está disponible. En base a estos (des)encuentros decidimos qué analizar, con qué salvedades, y con qué otros datos nos parece adecuado efectuar comparaciones, dados los distintos contextos de producción de datos estadísticos. Por ejemplo, para comparar tasas de femicidio entre distintos países, es preciso considerar que están afectadas por factores tales como la capacidad del Estado y sus agencias para captar todos los homicidios, las tasas de esclarecimiento de los casos penalmente investigados, y la voluntad de la administración pública para incorporar indicadores de motivaciones sexistas en la construcción de estadísticas.

Todas estas consideraciones son fundamentales para formular y comunicar diagnósticos cabales sobre el femicidio en Latinoamérica, pero también para identificar vacíos de conocimiento e imaginar propuestas metodológicas pertinentes. Esto posibilitará que se tejan puentes entre la academia y el Estado para elaborar propuestas que mejoren sus sistemas de información y les permitan resolver problemas concretos. Como señalan Dawson y Carrigan (2020), el trabajo de los actores y actrices del sistema de justicia criminal es indispensable para proporcionar mayor evidencia basada en datos que sea un insumo para el diseño de políticas adecuadas para prevenir la violencia de género hacia las mujeres.

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Notas

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